Ley de arrendamientos urbanos: aspectos que debes conocer

Ley de Arrendamientos Urbanos

Cuando te conviertes en propietario o en inquilino adquieres una serie de responsabilidades y de deberes. Por ejemplo, es esencial que estés informado de la legislación relativa a asuntos inmobiliarios, ya que de esta manera podrás realizar cualquier tipo de trámite de forma correcta, evitando posteriores problemáticas. Como sabemos que a veces no es sencillo estar al tanto de toda la normativa legal, en Kasiky vamos a explicaros en qué consiste la Ley de arrendamientos urbanos y qué aspectos debes tener en cuenta.

Plazos estipulados en el contrato de alquiler 

Sin duda, uno de los aspectos más importantes a considerar por parte de propietarios e inquilinos son los plazos legales del contrato de arrendamiento. La Ley de Arrendamientos Urbanos actualizada mediante el Real Decreto-Ley 7/2019 establece que la duración mínima del contrato debe ser de cinco años. Es esencial conocer perfectamente los plazos, como por ejemplo que ahora la prórroga se alarga a tres años en vez de uno. Hasta que no se cumplen los cinco años pueden producirse indemnizaciones en caso de rescisión del contrato.

El inquilino está en su derecho de cesar el contrato de alquiler una vez hayan pasado seis meses desde la firma. Eso no quita que, en base a lo acordado durante la firma del arrendamiento, el propietario pueda percibir una indemnización proporcional al tiempo que falte hasta completar el plazo obligatorio. Si eres un inquilino y quieres abandonar el piso de alquiler, deberás avisar al propietario con al menos cuatro meses de antelación.

¿Puedo recuperar el piso de alquiler antes de que finalice el contrato?

Al margen de contemplar una posible rescisión del contrato por parte del inquilino, también puede darse que el propietario quiera recuperar la vivienda antes de tiempo. En este caso, la Ley de Arrendamientos Urbanos contempla una serie de requisitos para que esta situación se lleve a término. Un propietario puede recuperar su vivienda siempre y cuando la necesite para sí mismo o para un familiar de primer grado.

Para que esta medida sea efectiva, el propietario deberá cumplir otros dos requisitos. Por una parte, el arrendador deberá informar al inquilino con una antelación mínima de dos meses. Por la otra, el inquilino deberá haber cumplido al menos un año residiendo en la vivienda tras la firma del contrato.

Qué debes saber sobre la fianza

La Ley de Arrendamientos Urbanos también hace referencia a otras cuestiones muy importantes referentes a los trámites de los alquileres de viviendas. Una de ellas es relativa a la fianza, es decir, la cantidad de dinero equivalente a una mensualidad que el inquilino deberá abonar antes de entrar a vivir en el inmueble. Esta suma deberá ser ingresada en el organismo correspondiente, y permanecerá allí hasta que se produzca la rescisión del contrato.

En el momento en que el inquilino quiera abandonar el piso de alquiler, el propietario deberá comprobar que se hayan pagado todas las cuotas y facturas, así como que la vivienda se encuentre en las mismas condiciones en las que se entregó. Una vez realizadas estas comprobaciones, la fianza deberá devolverse íntegramente al inquilino, o bien ser utilizada para sufragar el coste de los posibles desperfectos o impagos producidos por el inquilino.  

Ley de arrendamientos urbanos: otras cuestiones 

Finalmente, también queremos señalar otro aspecto contemplado por la Ley de Arrendamientos Urbanos que es muy importante para las partes implicadas en un contrato de alquiler. Si un inquilino quiere realizar alguna reforma en la vivienda deberá consultarlo previamente con el propietario, quien tendrá la potestad de denegar el permiso. 

En caso que un inquilino realice cambios sustanciales en la estructura del piso de alquiler, el propietario estará en su derecho de obligar a éste a que devuelva el inmueble a las condiciones anteriores. De todas maneras, siempre resulta conveniente incluir un apartado del contrato de alquiler donde se contemplen estos aspectos para así salvaguardar los intereses tanto del arrendador como del arrendatario. 

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